La relatora especial de los derechos de las personas con discapacidad de Naciones Unidas, Catalina Devandas, ha realizado un informe en el que denuncia las graves carencias en el acceso al derecho a la salud y la atención sanitaria de las personas con discapacidad.

Así se recoge en la nota de prensa del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) que señala, además, que este hecho vulnera la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Esta es la principal conclusión del informe que la relatora ha realizado a partir de un cuestionario remitido a los Estados parte de la Convención Internacional de la Discapacidad, a sus instituciones de derechos humanos y a las organizaciones de la sociedad civil, que en el caso de España ha sido CERMI.

El informe alerta del mantenimiento mundial de las prácticas de esterilización forzosa en mujeres con discapacidad psicosocial e intelectual, así como el sometimiento a abortos coercitivos. En este sentido, recuerda la necesidad de dejar atrás la supresión de la capacidad jurídica, que posibilitan que un tercero tome decisiones en nombre de la mujer o el hombre con discapacidad, implantando un sistema de apoyos en la toma de decisiones.

Con carácter general, la relatora subraya la importancia de abandonar el enfoque médico-rehabilitador en favor de otro social en el que las personas con discapacidad son reconocidas como sujetos de derecho y no reducidas exclusivamente a portadoras de deficiencias que han de ser subsanadas.

El informe se detiene también en la importancia de garantizar la libertad y el consentimiento informado a la hora de llevar a cabo tratamientos médicos.

Así, critica que existan textos legales como la Convención de Derechos Humanos y Biomedicina del Consejo de Europa, aprobada en 1997, que justifican el uso de la coerción contra las mujeres y hombres con discapacidad en materia sanitaria. Estas provisiones normativas permiten en la práctica la hospitalización y el uso de tratamientos involuntarios, el confinamiento solitario, restricciones en el contexto de la salud mental y las esterilizaciones forzosas, entre otras prácticas.

Además, advierte de que más de la mitad de las personas con discapacidad no cuentan con recursos económicos suficientes para cubrir todas sus necesidades sanitarias. Y esto sucede pese a que la Convención de la Discapacidad obliga a los Estados parte a remover todas las barreras sociales estructurales y las prácticas limitadoras del pleno disfrute en igualdad de condiciones del derecho a una salud de calidad.

El documento apunta como principales causas de desigualdad a la falta de formación en el autoconocimiento y autocuidado, las carencias en Atención Primaria o deficiencias en los sistemas de prevención. Todo ello hace que en el mundo las personas con discapacidad intelectual mueran entre 15 y 20 años antes que la población general, horquilla que se eleva hasta los 20 ó 25 años en el caso de las personas con discapacidad psicosocial.

En cuanto a la accesibilidad, el informe denuncia que siguen existiendo barreras físicas, sobre todo en entornos rurales, así como falta de accesibilidad cognitiva y sensorial de la información.

Por último, respecto a las violaciones de derechos humanos, la relatora no solo muestra su preocupación por la incidencia de la esterilización forzosa, sino también de otros procedimientos coactivos como el aborto o el embarazo coercitivo de las mujeres y niñas con discapacidad. Además, alerta del crecimiento del número de tratamientos e intervenciones cuya efectividad es incierta o controvertida, entre los que cita la terapia electro-convulsiva; la psicocirugía; la educación conductiva en niños con parálisis cerebral; cirugías de alargamiento en menores de talla baja, y la sobremedicación en Trastorno del Espectro del Autismo y discapacidad psicosocial.