De cara a la renovación del convenio entre la Federación Autismo Andalucía y la Consejería de Educación —que regula la presencia de apoyos educativos en el aula para el alumnado con autismo—, la Consejería ha propuesto modificaciones significativas en su contenido.
Lo que en su momento nació como una solución excepcional y temporal para dar apoyo a casos especialmente complejos, se ha convertido en una práctica generalizada que traslada a las familias una responsabilidad que no les corresponde. La educación no solo es un derecho gratuito, sino también obligatorio, y por tanto, la Administración está legal y moralmente obligada a disponer los recursos necesarios para garantizarla.
Cuando son los propios colegios quienes solicitan estos apoyos, queda claro que no cuentan con los medios suficientes para atender al alumnado con autismo. Y cuanto más se normaliza esta situación, más se agrava la injusticia.
Es como si al acudir a un hospital público te pidieran que lleves a tu propio profesional sanitario privado para hacerte una analítica. Esto no puede continuar. Es hora de reclamar con firmeza un modelo educativo que esté a la altura de los derechos que protege.
Durante las últimas semanas, las entidades federadas hemos estado debatiendo a fondo esta cuestión, conscientes de la enorme repercusión que tiene para cientos de alumnos y alumnas con TEA en toda Andalucía. Consideramos que la situación actual ha llegado a límites que no son aceptables, tanto por el volumen de alumnado que depende de este apoyo, como por las condiciones bajo las que se pretende mantener.
Desde la Federación consideramos que esto es inasumible. La educación es un derecho universal, gratuito y garantizado por las administraciones públicas. Incluso el Defensor del Pueblo ha señalado claramente que, de mantenerse el convenio, debería contar con dotación presupuestaria pública que asegure su cobertura adecuada.
Esta situación ha generado un intenso debate interno, con posiciones diversas y con un alto impacto emocional para muchas entidades y familias. Ha sido un proceso difícil, pero necesario, en el que hemos puesto por delante el análisis jurídico, ético y educativo.
Finalmente, tras este proceso colectivo, la Federación ha decidido no firmar el convenio en sus condiciones actuales, al considerar que:
- El alumnado con autismo tiene derecho a apoyos profesionales, públicos y gratuitos.
- La atención educativa no puede depender ni de voluntariado sin formación específica ni de los recursos económicos de las familias.
- La propuesta actual no garantiza la equidad, ni respeta el principio constitucional de gratuidad de la enseñanza.
Sabemos que esta decisión puede generar incertidumbre, pero también creemos que es el momento de defender con firmeza un modelo justo, estable y respetuoso con los derechos del alumnado con TEA y sus familias. Nuestra prioridad es construir, junto a la Administración, una solución a la altura de lo que nuestros niños y niñas merecen.
Es el momento de actuar con responsabilidad y firmeza, y de exigir un modelo digno, legal y sostenible. Seguiremos trabajando, como siempre, por una escuela pública que respete y garantice los derechos de todo el alumnado, sin excepciones.
Hemos habilitado una recogida firma para pedir una educación pública que incluya y apoye a todo el alumnado, sin discriminaciones ni recortes disfrazados: https://chng.it/rv9PgyktdL
