(21.03.19) La inminente publicación del XV Convenio Colectivo y la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) hacen inviable la gestión económica de los centros residenciales y de día destinados a la atención de personas con discapacidad con los actuales precios concertados con la Administración

El Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad de Andalucía (CERMI Andalucía) ha mostrado su preocupación por el modo en el que va a afectar la entrada en vigor del XV Convenio Colectivo General de Centros y Servicios de Atención a Personas con Discapacidad, que será publicado en las próximas semanas.

Tanto CERMI Andalucía como sus entidades miembros prestan servicios de carácter público por delegación, a través de plazas concertadas con la Junta de Andalucía en los centros residenciales y de día, por lo que los incrementos salariales previstos del mencionado Convenio Colectivo son difícilmente asumibles por las entidades si novan acompañados del correspondiente aumento de la financiación pública, cuyos costes no han sido actualizados desde 2012. Incrementos salariales que, por cierto, son la consecuencia lógica de haber estado congelados durante los años 2017 y 2018, respectivamente, de la situación actual de la economía y de la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) acordada por el Gobierno de la Nación.

Si no se produce una actualización del coste de los servicios que las asociaciones prestan, muchas de ellas se verán abocadas al recorte de sus plantillas, a gestionar expedientes de regulación de empleos parciales o, incluso, al posible cierre de algunos recursos. Sin duda, estas “soluciones” supondrían un retroceso considerable en la calidad que estábamos consiguiendo en la atención a las personas con discapacidad.

Por tanto, CERMI Andalucía espera la mediación del nuevo Ejecutivo de la Junta de Andalucía para salvar esta situación, mostrando una especial sensibilidad hacia las personas con discapacidad y sus familias para no tener que llegar a ninguno de los escenarios anteriormente citados, porque generarían tensiones entre profesionales, las propias personas afectadas y las familias.