Federación Autismo Andalucía

FEDERACIÓN ANDALUZA DE PADRES CON HIJOS CON TRASTORNOS DEL ESPECTRO AUTISTA

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nilsEl Comisario Nils Muižnieks y su delegación visitaron España del 3 al 7 de junio de 2013. En el transcurso de la visita, el Comisario celebró debates con las autoridades estatales y organizaciones no gubernamentales, nacionales e internacionales, entre la que se encontraba Autismo Andalucía. El Comisario también visitó dos centros dirigidos a la atención a pesonas con TEA: el centro educativo “Angel Rivière” para niños y el centro de día “Ángel Díez Cuervo” para adultos, en Sevilla.

Incluimos a continuación un breve resumen del informe publicado tras esa visita. el informe completo puede descargarse AQUÍ.

 

RECORTES
Los considerables recortes presupuestarios que se han efectuado desde 2011 en el sector de la discapacidad han socavado notablemente la situación de las aproximadamente 3,8 millones de personas con discapacidad en España.
Asimismo, teme que las considerables restricciones presupuestarias llevadas a cabo en los dos últimos años, además de generar una mayor pobreza entre las personas con discapacidad, puedan conducir a un retroceso en el goce de algunos de los derechos reconocidos en el último decenio, particularmente en lo que respecta al derecho a la autonomía personal, el acceso a la formación y al empleo, y la participación de los niños con discapacidad en la educación incluyente.
DEPENDENCIA
El Comisario subraya que la vinculación entre la elegibilidad para los servicios y un grado específico de discapacidad es problemática desde la perspectiva de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Representantes de ONG con quienes se reunió el Comisario afirmaron que la falta de apoyo a las personas con un nivel moderado de discapacidad puede conducir al empeoramiento de su situación a largo plazo y, por ende, entrañar costes adicionales para el Estado.
En Andalucía, se comunicó al Comisario que, si bien la Ley de Autonomía se había aplicado ampliamente, todos los procesos de determinación de nuevos beneficiarios se habían paralizado de facto desde mediados de 2012 debido a la incapacidad de la Administración para seguir procesando solicitudes de admisibilidad.
La aplicación de la Ley de Autonomía requiere la financiación conjunta de las autoridades centrales y regionales. No obstante, la financiación ha sido limitada por ambas.
EMPLEO
El aumento del desempleo en los últimos años también ha afectado a las personas con discapacidad. Los datos disponibles sobre el empleo de estas personas indicaron que, en 2011, el 26,9% de ellas estaban desempleadas.29 La tasa de desempleo actual supera el 30% (frente al 27,1% de la población total).30 Asimismo, la crisis económica se ha traducido en un fuerte incremento del ya elevado número de personas con discapacidad que tienen únicamente contratos de corta duración.31 Esto se suma al hecho de que los salarios percibidos por las personas con discapacidad han sido, en muchos casos, extremadamente bajos. El Comisario teme que esta tendencia haya aumentado su vulnerabilidad ante la pobreza y la exclusión social.
Al mismo tiempo, las subvenciones concedidas por las autoridades centrales y regionales para promocionar el empleo protegido han disminuido drásticamente, y los pagos que debían de haber realizado las administraciones regionales se han retrasado en muchos ámbitos, lo cual ha conducido al impago de salarios.
La información proporcionada al Comisario durante su visita indica que las oportunidades de formación tanto en el lugar de trabajo como fuera del mismo que se brindan a las personas con discapacidad, así como el apoyo prestado en el lugar de trabajo (tal como el que prestan los mediadores laborales), se han reducido como consecuencia de las medidas de austeridad fiscal. Esto ha dificultado el acceso al mercado laboral convencional, así como el mantenimiento del empleo y el goce de la igualdad de oportunidades en el mercado laboral.
EDUCACIÓN
El Comisario ha tomado nota con inquietud de que las personas con discapacidad en España registran unas tasas considerablemente más bajas de terminación de estudios que el resto de la población; así pues, según los últimos datos disponibles, en 2008 el 11,5% de las personas con discapacidad no habían concluido la educación primaria (frente al 2,1% de la población total), y sólo el 10,5% de las personas con discapacidad habían cursado estudios universitarios (frente al 24,1% de la población total)
Durante sus deliberaciones con representantes de ONG en España, se informó al Comisario de que los recortes efectuados en los presupuestos nacional y regional habían tenido efectos en las oportunidades educativas de los niños con discapacidad y en su inclusión en el sistema general de enseñanza, lo cual es preocupante. El Comisario tuvo noticia de que en algunas escuelas se agrupaba a todos los niños con discapacidad para constituir una clase independiente, y de que en otros casos se les incluía en clases normales, pero sin un apoyo personalizado que les permitiera recibir una educación en igualdad de condiciones con los demás niños. Por lo tanto, el Comisario subraya que el derecho a una educación incluyente a todos los niveles es un derecho humano fundamental consagrado en el artículo 24 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS CON DI Y PSICOSOCIAL
Al Comisario le preocupa que los recortes en las subvenciones destinadas a servicios y cuidados de las personas con discapacidad psicosocial e intelectual hayan aumentado las brechas estructurales ya existentes en el sistema de atención de salud mental de España. El Comisario tuvo noticia de que los recortes presupuestarios habían sido particularmente perjudiciales para los programas de detección temprana y de rehabilitación, que, en virtud del artículo 25 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, son fundamentales para “prevenir y reducir al máximo la aparición de nuevas discapacidades”
La legislación vigente, que se basa en el principio de la toma de decisión sustituida (en lugar de apoyada) y la tutela, no cumple los requisitos del artículo 12 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Asimismo, de conformidad con la legislación vigente, puede seguir llevándose a cabo la esterilización sin el consentimiento pleno e informado de la persona cuya capacidad jurídica no se reconoce, y terceras personas pueden tomar decisiones que afecten al tratamiento médico o de otro tipo de personas consideradas “legalmente incapacitadas”. Esta práctica ha sido criticada por diversos organismos internacionales, incluido el Comité de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Según la información proporcionada al Comisario por las autoridades, el nuevo proyecto de ley
remplaza el régimen actual de la toma de decisión sustituida por la toma de decisión apoyada.
El Comisario considera que este cambio de enfoque es de vital importancia para mejorar los derechos humanos de las personas con discapacidad intelectual o psicosocial. El recurso a la tutela se limitará a casos excepcionales. Al parecer, el proyecto de ley también introducirá nuevos instrumentos para que las personas con discapacidad intelectual y psicosocial expresen su voluntad, y modificará las disposiciones problemáticas actuales relativas a la esterilización sin el consentimiento informado del interesado, y a otras decisiones médicas.
CONCLUSIONES
El Comisario insta a las autoridades españolas a que continúen adoptando un enfoque basado en los derechos humanos en todas las políticas referentes a las personas con discapacidad, incluso en el contexto de medidas de austeridad que afecten a los presupuestos relacionados con la discapacidad. A este respecto, subraya la importancia, en términos de formulación de políticas y de práctica, de celebrar consultas con las organizaciones que representan a las personas con discapacidad, y de velar por la participación de las mismas en los procesos de toma de decisiones relevantes.
El Comisario subraya que las restricciones presupuestarias no deberían conducir a que se prive a las personas con discapacidad del goce de sus derechos humanos y a que se les margine cada vez más. Reitera que el pleno ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales de las personas con discapacidad puede lograrse de manera progresiva, conforme a lo dispuesto en el párrafo del artículo 4 de la Convención arriba mencionada, pero no deberían adoptarse medidas injustificadas ni regresivas.
A pesar del contexto de alto desempleo, el Comisario pone de relieve que las personas con discapacidad tienen derecho a trabajar, de conformidad con el artículo 27 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en igualdad de condiciones que los demás. Por lo tanto, no deberían eliminarse los programas que permiten el goce de este derecho a las personas con discapacidad, a través del apoyo específico y del acceso a una formación adecuada, sin haberse sopesado previamente y con cautela las consecuencias de tal medida en el empleo y las condiciones de vida de estas personas.
Las autoridades deberían cerciorase de que las escuelas ordinarias continúen disponiendo de recursos humanos y financieros que les permitan seguir ofreciendo igualdad de acceso a una educación de calidad a aquellos niños con discapacidad, sin tener que recurrir, debido a restricciones presupuestarias, a la separación o al traslado de dichos niños a centros de educación especial.